La minería y la comunicación de la industria y de los proyectos en particular son enemigos. Latinoamérica es una gran cantera para la industria, pero de ella también emergen conflictos que deslegitiman la actividad y a veces frustran proyectos que llevaron tiempo y dinero en inversión. ¿Por qué la industria se niega a mejorar la imagen y reputar la industria?

Las materias primas minerales están en gran parte en América Latina. La inversión y explotación minera a nivel mundial se realizan en Sur y Centro América. De acuerdo con datos de la CEPAL, Chile es el principal productor de cobre, Brasil el tercero de hierro, México el mayor productor de plata y Perú está entre los primeros de plata, cobre, oro y plomo, estos países concentran el 85% de las exportaciones de minerales de la región. Mientras que Argentina y Bolivia concentra el 61% de las reservas de litio.

Así, ahí donde hay una minera, casi invariablemente surge un conflicto. Según la CEPAL, América Latina es la zona con más conflictos socioambientales de explotación minera. En argentina, según el observatorio de conflictos sociales hay 28, de los cuales 2 son fronterizos.

“La falta de apoyo de las comunidades locales a los proyectos mineros es un hecho innegable y uno de los problemas más graves que enfrentan las empresas mineras en la región”, dice César Padilla, coordinador general del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

Es cierto que la actividad minera lucha por el acceso al territorio, uso del suelo y recursos como el agua. En muchos casos las minas están justamente en donde nace el agua, por lo que el conflicto surge ya en el momento en que la empresa pide la concesión. Las luchas siempre son por el territorio. Pero no solo son inmobiliarias, sino también por el modo de vida de los que allí viven.

El rechazo se manifiesta de distintas formas, desde expresiones en medios de comunicación, protestas, acciones legales o consultas. No solamente contra los nuevos proyectos, sino también ante los ya existentes. Estas manifestaciones se enfrentan con la represión, el atropello a los derechos humanos, la criminalización y judicialización de la protesta.

Las protestas pueden o no tener visibilidad mediática o por las redes sociales, esto mide el tiempo de resolución y la ayuda de organizaciones a las comunidades. Defensores y representantes de las comunidades sufren las consecuencias, que van desde amenazas, amedrentamiento, persecución, secuestro, condenas judiciales y diversas formas de violencia, incluida la muerte.

En Perú hay una serie de instrumentos para que los conflictos no emerjan y cuando lo hacen es por el incumplimiento de estos contratos. Tanto como la distribución de regalías como el mantenimiento de ciertas costumbres entre otras acciones. La minería en el país de los Incas es relevante para el PBI y la balanza comercial.

El ultimo gran conflicto en Perú fue el del proyecto Las Bamabas y Tía María aún en resolución.

Argentina comenzó con los grandes conflictos en la década de los 90 cuando el Presidente Menem aprovechando la llegada de las inversiones extranjeras hizo de la minería una política pública.
Un caso emblemático en el sur fue el de la Minera “El desquite” de Meridian Gold. A mediados del año 2002, la comunidad de Esquel y de la Provincia del Chubut tomó conocimiento de manera definitiva de la inminencia del inicio de la explotación minera en el Cordón Esquel. El proyecto se ubicaba a 6 Km en línea recta de la ciudad de Esquel, departamento de Futaleufú, provincia de Chubut, en la Patagonia argentina. A 7 Km del centro turístico invernal La Hoya. Y a unos 20 Km del Parque Nacional Los Alerces. La cuestión del agua ha sido central en el conflicto. El Gobierno de la Provincia, por intermedio de su Director de Minería, el geólogo Guillermo Hughes, hizo públicas las pretensiones de la Minera el Desquite S.A. (adquirida ese mismo año por Meridian Gold de Canadá) de comenzar la etapa de explotación del yacimiento de oro y plata localizado a 6,5 km de la ciudad y cuya exploración venía realizándose desde hace aproximadamente 3 años. De esta manera, grupos de vecinos y algunos profesionales de la sede local de la Universidad Nacional de la Patagonia desarrollaron desde de junio a noviembre numerosas charlas y mesas de debate sobre la problemática, inclusive visitando escuelas de nivel primario y polimodal para compartir con los jóvenes la información que se obtenía y que era ostensiblemente contradictoria con la brindada por el gobierno y la empresa minera. En el mes de octubre comenzaron a realizarse asambleas vecinales confluyendo en ella todos los sectores críticos al emprendimiento. De tal modo, la segunda asamblea realizada el 4 de diciembre de 2002 se pronunció por unanimidad de los 600 asistentes por el NO A LA MINA. A partir de allí se comenzó con una serie de actividades: información en mesas instaladas en la vía pública, pintadas en la calle frente a la oficina de la minera, murales alegóricos, festivales artísticos, charlas en otras localidades que también manifestaron su rechazo al emprendimiento y 4 movilizaciones con la participación de un número creciente de opositores a la mina. En este contexto, amplios sectores de comerciantes y prestadores turísticos también se pronunciaron en contra de la mina, llegando a provocar una fuerte ruptura en el seno de la Cámara de Comercio local, cuyos máximos dirigentes habían acordado con la minera distintos negocios que corresponden a sus respectivas empresas (provisión de combustible, construcción, abastecimiento de cal, etc.). De esta manera se instaló un debate público importantísimo, nunca visto en esta ciudad y cuyos alcances se proyectaron a escala nacional. Los cuestionamiento al proyecto desde este flanco fueron diversos: afectación de la provisión de agua para consumo humano en Esquel, posible contaminación de aguas, conexión hidráulica entre la Laguna Willimanco y el proyecto minero, etc.
Aquí el issue no percibido fue el cambio en la matriz económica de la provincia y del pueblo. El Turismo.

En general las inversiones mineras o aquellas que tienen un importante porcentaje de producción química proyectan percepciones comunitarias de riesgo. Como por ejemplo zonas agrícolas amenazadas, la salud y el medio de subsistencia de pobladores y la biodiversidad. Pero también son promesas de un mejor futuro al constituirse como fuente de trabajo. Eso mejora la perspectiva de mejora familiar y progreso económico. Esa contradicción es un arma de doble filo porque le da a la población elección de modo de vida. Aunque según algunos gerentes de comunicación “los que generan los conflictos son de afuera de la comunidad” (Sic).

El caso de la instalación de la Pastera UPM Botnia sobre la margen del río Uruguay que llevo a un conflicto fronterizo entre Uruguay y Argentina da cuenta de que no solo la minería produce controversias o conflictos. En este caso el problema de la posible contaminación del río también chocaba con dos desarrollos productivos diferentes y antagónicos: El turismo en el pueblo de Entre Ríos, Gualeguaychú y la Industria en Fray Bentos Uruguay.

En 2019 en la provincia de Salta en el pueblo el Tunal, en el municipio del Galpón, Departamento de Metán, la empresa química Austin Powder, mientras realiza las pruebas de equipos para comenzar a producir nitrato de amonio, sufrió una fuga de ácido nítrico en sus instalaciones, poniendo a la población en riesgo. La población manifestó en contra de la planta, pero una vez ocurrido el hecho. En un pueblo de cinco mil habitantes, sesenta puestos de trabajo que pueden cambiar la realidad de algunas familias, pesa. La percepción del peligro se disgrega. Esto debería otorgar mayor responsabilidad a la empresa que está en una zona sísmica.

Lo mismo podría decirse de la empresa Dow Chemical y la explosión en 2019 de un tanque de combustible que hizo temblar el pueblo de bahía blanca. La comunicación posterior al evento critico dejó con sabor a poco a la gente cercana a la planta que ahora tiene una preocupación que antes no.

Así el futuro y la estabilidad laboral se ven en riesgo cuando toda la comunidad percibe el peligro de desaparecer. Entonces, las comunidades se ponen en alerta ante amenazas al medio ambiente, contaminación, problemas de competencia por el uso de agua y suelo, y destrucción de zonas protegidas. Ya que éstas se quedan sin agua o con el agua contaminada.

El norte argentino, en las zonas que son altamente sísmicas se encuentra plantas químicas en el centro del pueblo. Por ejemplo el caso de Borax, una empresa ubicada en la localidad de Campo Quijano, a 1350 msnm y 30 km desde Salta Capital. Allí cuenta con sus Oficinas Centrales, Planta de Ácido Bórico, Planta de Fusión, y dependencias de Despacho de Productos Terminados. Un sismo de intensidad media podría provocar que el pueblo deje de existir por contaminación con ácido y todas las napas de agua se perjudiquen, dejando a la ciudad capital de la provincia en emergencia hídrica.

Las mineras con plantas de extracción de litio al pié de la cordillera, ante un sismo, podrían generar un desastre ecológico por la enorme cantidad de desechos y movimiento de tierras que generan. En toda la región los desechos mineros generan cada vez más problemas y preocupación. Los últimos sucesos de Mariana y Brumadinho en Brasil, han puesto en alerta a los demás que son vistos como una bomba de tiempo ambiental y social sin necesidad que estén cerca de poblaciones, como el caso de la empresa minera chilena Los Pelambres, gestionada por Antofagasta Minerals (grupo chileno Luksic), que instaló desde Chile en territorio argentino un basural con aproximadamente 50 millones de toneladas de escombros y casi 500 neumáticos mineros de gran escala. Lo que generó un conflicto diplomático. La Minera se comprometió a remediar el asunto.

Los gobiernos no siempre apoyan las iniciativas de las comunidades. La mayoría las comunidades que están en torno a proyectos mineros no obtienen muchos beneficios. Es el caso de la minera Livent que tiene su planta minera en Catamarca y sus oficinas legales en Salta. Los impuestos se reparten entre las dos provincias y a las comunidades no les llega el beneficio.

Así las comunidades quedan en una batalla desigual. Empresas poderosas, comunidades débiles y un gobierno que solo mira la retribución impositiva que se diluye en el gasto público. Las comunidades pagan el precio por una política de aprovechamiento de materias primas de la que ellos son los que menos se benefician.

La “famosa” legalidad social es solo enunciativa. La falta de participación de la comunidad en todas las etapas del proceso de instalación de este tipo de empresa las dejan en condiciones poco favorables.

Según los expertos, lo que una empresa minera deja en un país en términos de impuesto a la renta y otros, es muchísimo menor de lo que se debiera invertir en reparación y en protección ambiental. El saldo final para el patrimonio ambiental y social es negativo. Así los reportes de sustentabilidad pierden toda sustentabilidad argumental y quedan solo como un gran folleto para los shareholders.

Pero el mayor responsable es el Estado y sus administradores. Los gobiernos deben firmar acuerdos y tratados comerciales que favorezcan a las empresas pero no por sobre el impacto en la sociedad y el ambiente. En argentina Nestor kirchner en 2004 desarrollo un “plan minero nacional” convalidando la Minería como una Política Pública, más tarde se vería en una controversia con la ley de Glaciares.

Pero si es una política pública, que implica desarrollo para el país, por qué no estar en los detalles, sus representados. Los casos en la que los gobiernos y legisladores han mediado o defendido a las comunidades que representan por sobre las empresas son muy pocos y esos pocos por intereses individuales. El caso de la Pastera Botnia, el gobierno de Nestor Kirchner necesitaba el consenso de la población y las movilizaciones masivas, más la repercusión de la prensa eran herramientas validas políticas para sus necesidades de gobierno

El caso de Pascua Lama fue el gobierno de Chile el que desistió, bajo presión del poder Judicial de continuar con los permisos de la Minera Barrick Gold. En Argentina aún no está suspendida la aprobación, solo que sin el lado Chileno no es viable económicamente. Chile priorizó la comunidad que presentó demandas contra la Minera.

La pregunta es ¿Si no contribuye a las comunidades, si no redunda en grandes beneficios impositivos para el Estado? ¿Para qué aprobar los proyectos conflictivos o con un riesgo de conflicto a futuro? Los gobiernos no lo saben, tal vez no se lo pregunten, o se dejen llevar por el momento y el flash.

Lo cierto es que la minería es una necesidad para producir productos que la sociedad usa. Para construir la computadora con la que estoy escribiendo este artículo. Está presente en cada momento de nuestras vidas en algún artefacto. Entonces, si debe estar, si es necesaria, por qué no hacer lo que hay que hacer, pero mejor. Por qué no tener en cuenta los escenarios de riesgo, comunicar bien y sobre todo, brindar los beneficios necesarios para que la industria sea sostenible.

En la actualidad la minería y la comunicación: de la industria en general, de los proyectos en particular, del relacionamiento con las comunidades; no están asociadas. No por falta de profesionales, sino por falta de interés y perspectiva de sus Gerentes.

Esta afirmación se sustenta en los varios casos públicos y las estrategias de confrontación con los conflictos, y en la industria en general, en la constitución de la reputación pública. Cuando tuvieron que comunicar la importancia de la minería en la calidad de vida de las personas, fallaron.

El riesgo está emergente y la orquesta sigue tocando.